Manolo Azuero
Ayer jueves, miles de colombianos marcharon en contra de la reforma a la educación promovida por la Ministra María Fernanda Ocampo. A la movilización le sobran razones. El argumento base de Ocampo, quien considera que la alianza entre la educación pública y el sector privado es necesaria para amortiguar la incapacidad del estado de financiar las Universidades públicas, es de entrada refutable. Si ese es el fundamento, el gobierno Santos está equivocado creyendo que lleva el país hacia la prosperidad democrática. Lo más importante para evolucionar como sociedad hacia una nación con oportunidades, es apostarle al sector educativo. Fuentes de recursos públicos existen, el problema reside en la falta de voluntad del estado y los gobernantes, que como ejecutores del gasto siguen relegando la educación a un simple slogan de campaña y no a un propósito de gestión.
La reforma a la educación tiene puntos favorables que se deben debatir y socializar con la comunidad académica e incluirlos al final si pretendemos convertir las instituciones colombianas en centros de investigación y formación competentes a nivel mundial. Promover actividades conjuntas entre la empresa privada y las Universidades públicas es promisorio, eso no tiene discusión. Fortalecer los existentes y crear nuevos convenios de desarrollo entre los dos sectores es propició para avanzar hacia la economía del conocimiento, aumentar la productividad de la empresa colombiana, generar valor agregado a los productos nacionales y fomentar nuevos fondos para financiar la academia. No obstante, lo anterior no puede confundirse con evadir o minimizar la responsabilidad estatal por la educación pública, como al parecer pretenden los proponentes del ejecutivo.
La invitación a los empresarios e industriales de involucrarse con la académica publica, debe acompañarse de un compromiso por trasladar aun más recursos desde las arcas públicas hacia la educación. La reforma no debe delegar la autentica locomotora del desarrollo, el fundamento debe ser buscar nuevos vagones para enriquecerla, y acelerar la transformación social y económica que necesita este país, si de verdad pretenda erradicar la pobreza y ofrecer oportunidades al talento de su gente. Inyectando nuevos recursos públicos a la educación, aumentando el recaudo para este rubro, y trabajando de la mano con el sector privado para algunos proyectos en particular, puede conducirnos hacia la prosperidad democrática. Congelar el gasto público para la educación, enlazar dicha inversión a un incierto crecimiento del PIB (Articulo 105 de la reforma), y dejar en manos de alianzas con el sector privado gran parte de la futura financiación, nos llevara hacia la antítesis de la promesa del Presidente Santos.
La educación es lo más importante. No es un maquillaje electoral. Es un desafío real que deben asumir los gobernantes y un deber del estado que deben exigir los electores. Hablemos: manoloazuero@hotmail.com
La articulación privada-pública puede ser beneficiosa hasta cierto punto y con determinadas condiciones. Ciertamente el Gobierno no puede desligarse de la responsabilidad contraída en la Constitución :"Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
ResponderEliminaruna función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura." Quitarle el sentido social al servicio de educación y propiciarle el lucro inducirá a los agentes a maximizar beneficios personales por encima de crear conocimiento y fomentar el bienestar social. Es necesario repensar la reforma: optar por el triunfo del saber por encima del rendimiento. Daniela Flórez Poveda
charala118@hotmail.com
*por encima del rendimiento esperado.
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